Este tema no es nuevo en esta subregión antioqueña conformada por los municipios de
Caucasia, El Bagre, Nechí, Tarazá, Cáceres y Zaragoza, en donde por lo menos 20
mil familias se dedican a este oficio sin tener el respaldo del Gobierno.
Aunque los expertos afirman que los mandatarios locales tienen prácticamente
las manos atadas porque es el Gobierno Nacional el que otorga las licencias,
alcaldes electos insisten en que es necesario crear secretarías de ambiente y
minería en los municipios para generar canales de comunicación con las familias
mineras y comenzar un proceso de legalización.
El alcalde electo José Nadín Arabia, adscripto
al apartido político Cambio Radical a la
Alcaldía de Caucasia, dijo enfáticamente que a la minería informal hay que
apoyarla.
"Lo que tenemos que hacer es que el Estado establezca una serie de
compromisos con el minero y le dejen claro que hay que trabajar por el
ambiente. Si acabamos con la minería tendríamos a cientos de personas que
ingresarían a los grupos al margen de la ley".
"La minería es un sector determinante para la economía del municipio.
Siempre hemos vivido de ella. Por eso mi apuesta es de absoluta solidaridad con
el tema de la defensa del derecho al trabajo",
"Esperamos todo el apoyo del Gobierno Departamental y Nacional para poner
esta actividad en el marco de legalidad productiva. Solos no podemos conseguir
la legalización, repito, necesitamos el apoyo del Gobierno central".
"El Bagre es un municipio de tradición minera. Acá la gente no sabe hacer
otra cosa. El problema es que el Gobierno Nacional no tiene una política
integral en materia de asistencia al pequeño y mediano minero. El Gobierno solo
le da licencias a una persona que tenga mucho dinero, que hable raro y tenga
los ojos azules. Eso es injusto. Hay cientos de mineros con ganas de
organizarse, pero el Estado no los ayuda".
